Un nuevo debate político se abrió en el Concejo Municipal de Arauca luego de que concejales de oposición solicitaran la renuncia del secretario de Educación, Aquilino Escobar, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La controversia gira en torno al contrato No. 0001-121 de 2024, suscrito con la Unión Temporal Alimentando Futuros por más de 6.700 millones de pesos. Según el concejal liberal Robinson Carrillo, hallazgos de la Contraloría evidenciarían inconsistencias en el manejo del anticipo, movimientos financieros sin trazabilidad clara y fallas en la calidad del servicio alimentario.
Carrillo aseguró que más de 3.300 millones de pesos habrían sido movidos entre cuentas de la misma empresa, sin que, presuntamente, estuvieran destinados al pago de proveedores ni a la operación directa del programa. Además, señaló que podría existir un detrimento patrimonial superior a los 3.111 millones de pesos, equivalente a cerca del 47,54 % del valor ejecutado del contrato.
El concejal también cuestionó la calidad de los alimentos entregados a los estudiantes, al advertir que, según los hallazgos expuestos, solo el 36 % del menú habría cumplido con los niveles requeridos de proteína, mientras que el 67 % presentó deficiencias.
Ante este panorama, Carrillo solicitó al alcalde de Arauca la renuncia inmediata del secretario de Educación y advirtió que, de no tomarse una decisión administrativa, se estudiaría la posibilidad de impulsar una moción de censura.
La solicitud fue respaldada por el también concejal liberal Juan Manuel Salguero, quien calificó la situación como grave, al tratarse de recursos destinados a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Además, pidió a la administración municipal preparar una defensa jurídica sólida para controvertir los hallazgos y evitar posibles repercusiones financieras para el municipio.
Frente a los cuestionamientos, el alcalde de Arauca, Juan Qüenza, salió en defensa del secretario Aquilino Escobar y señaló que, aunque existen hallazgos de la Contraloría, aún no hay un fallo definitivo ni una condena. El mandatario pidió a los concejales presentar las denuncias ante las autoridades competentes si consideran que existen hechos irregulares.
Qüenza respaldó públicamente la gestión de su funcionario y aseguró que el PAE opera con normalidad en el municipio. También manifestó que cualquier decisión sobre la permanencia del secretario de Educación corresponde exclusivamente a su despacho como mandatario local.
El caso podría avanzar hacia un debate de control político en el Concejo Municipal, donde se definirá si prospera o no una eventual moción de censura contra el secretario de Educación, en medio de un ambiente de tensión política y preocupación por el manejo de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.