Danny Santiago Trejo González, exacordeonero del cantante de música popular Luis Alfonso, fue capturado en Medellín por la Policía de Infancia y Adolescencia debido a su presunta implicación en delitos relacionados con la explotación sexual de una menor de 14 años.
La denuncia fue presentada por el padre de la víctima, que aseguró que el músico habría enviado videos de contenido íntimo a su hija y le habría exigido material similar. La investigación señala que Trejos conoció a la menor durante una presentación musical infantil realizada en Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia, las pruebas recopiladas permitieron imputar a Trejos por los delitos de pornografía con menor de 18 años, utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales a menores, y demanda de explotación sexual de persona menor de edad.
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La captura del músico se llevó a cabo en su residencia en Medellín, en el barrio Laureles, el jueves15 de mayo, alrededor de las 11:30 p. m., según información que compartió Caracol Televisión.
El caso fue presentado ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Bogotá, donde se legalizó la captura y se le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
Durante la audiencia, Trejos no aceptó los cargos imputados. Según las autoridades, la interacción entre el músico y la menor habría comenzado tras conocerse en el evento musical en Bogotá, lo que derivó en comunicaciones virtuales que incluyeron el intercambio de contenido explícito.
El Código Penal colombiano establece severas penas para los delitos por los que está siendo investigado Trejos. El artículo 218, que regula la pornografía con menores de 18 años, contempla penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que oscilan entre 150 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El artículo 219-A, que sanciona la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores, establece penas de prisión de 10 a 14 años y multas de entre 66 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, el artículo 217-A, que aborda la demanda de explotación sexual comercial de menores, estipula penas de 14 a 25 años de prisión, con agravantes en casos específicos, como cuando la víctima es menor de 14 años.
Aunque Trejos es miembro de la agrupación musical de Luis Alfonso, las autoridades fueron enfáticas en aclarar que el cantante no tiene ninguna relación con los hechos investigados y no está siendo objeto de ninguna indagación. Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales sobre la situación de su exacordeonero.
Danny Santiago Tejo González se describe en redes sociales como acordeonero, pianista y arreglista, y cuenta con más de 4.000 seguidores. Ha acompañado al artista Luis Alfonso en varios conciertos, interpretando canciones como El precio de tu error. Además, trabajó con Jhonny Rivera en la grabación del acordeón para el tema Te extraño y ha estado en presentaciones con Yeison Jiménez.
En Colombia, los casos de explotación sexual infantil pueden denunciarse a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), disponible las 24 horas, donde un equipo especializado brinda orientación y activa rutas de protección.
También están habilitadas la línea 123 de la Policía Nacional, para emergencias o situaciones en curso, y la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, para reportar delitos sexuales. De forma presencial, las denuncias pueden hacerse en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Atención a Víctimas (Caivas), comisarías de familia, personerías municipales o defensorías del pueblo.
Cualquier ciudadano puede presentar la denuncia, sin necesidad de ser familiar de la víctima. Se recomienda aportar la mayor cantidad de información posible, evitando exponer al menor o interrogarlo, para prevenir su revictimización. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar de forma oportuna y en la coordinación entre instituciones para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.