La Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca expresó su enérgico rechazo frente al asesinato del líder social y comunal Carlos Eduardo Ojeda Ruiz, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Caballos y tesorero de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Cravo Norte.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los hechos se registraron en la tarde del jueves 18 de junio en una zona rural de ese municipio. En el mismo ataque también perdió la vida Wilfredo Cárdenas Ojeda, primo del dirigente comunal y operador de maquinaria de la administración municipal, mientras ambos se encontraban en la vereda El Veladero.
La organización comunal manifestó su profunda preocupación por el aumento de las agresiones contra líderes sociales y comunitarios, tanto en el departamento como en el resto del país, señalando que este crimen se suma a una cadena de hechos violentos que vienen afectando a quienes trabajan por el desarrollo y bienestar de sus comunidades.
En su comunicado, la Federación recordó que históricamente los organismos de Acción Comunal han sido víctimas de amenazas, desplazamientos, judicializaciones, desapariciones y asesinatos, una problemática que, según indican, continúa debilitando el tejido social en los territorios rurales.
Asimismo, hicieron un llamado urgente al Estado colombiano para que implemente medidas efectivas de protección que garanticen la vida e integridad de líderes, lideresas, organizaciones y proyectos sociales. De igual manera, solicitaron a las autoridades judiciales avanzar con celeridad en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
Pese al complejo panorama de orden público en la región, la Federación de Acción Comunal reiteró su compromiso con la labor comunitaria y la transformación social, insistiendo en la necesidad de salvaguardar la vida de quienes ejercen liderazgo en las comunidades.
Finalmente, la organización exhortó a los actores del conflicto armado a respetar a la población civil y a abstenerse de cualquier acción violenta que continúe poniendo en riesgo a las comunidades araucanas.