Arauca – Arauca 03/05/2026. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió una nueva condena contra el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública durante su administración.
De acuerdo con la decisión judicial, el exmandatario fue condenado a 51 meses de prisión (4 años y 3 meses), además de la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 62 meses y 18 días, y el pago de una multa de 20.860.420 pesos.
Los hechos investigados se remontan al contrato 322 de 2005, suscrito con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, cuyo objetivo era la construcción y ampliación de una torre del Hospital San Vicente de Arauca. Según la Sala, se logró demostrar que en la etapa precontractual se presentaron irregularidades que habrían sido avaladas por el entonces gobernador.
La sentencia señala que, pese a tener conocimiento de las inconsistencias, Acosta Bernal decidió continuar con el proceso contractual e incluso, en el año 2007, incrementó el valor del contrato. Para el alto tribunal, estas actuaciones habrían vulnerado principios fundamentales de la contratación pública, como la economía y la planeación, generando un impacto negativo en la administración pública.
“Contaba con todas las facultades necesarias para poder determinar su actuación de tal manera que se respetaran los principios de la contratación pública. Su capacidad de entendimiento le permitía razonar que al no respetar los principios de economía y planeación se estaba lesionando a la administración pública y, aun así, optó libremente por proseguir con la actuación”, se lee en apartes de la sentencia condenatoria.
En la misma decisión, la Corte Suprema negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena; sin embargo, concedió el beneficio de prisión domiciliaria, el cual se hará efectivo una vez la sentencia quede en firme.
Un historial de condenas
Esta no es la primera vez que el exgobernador enfrenta decisiones judiciales en su contra. En 2017, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años de prisión por irregularidades en un contrato para la construcción de un parque turístico en el municipio de Tame, cuyo valor ascendía a 3.800 millones de pesos.
Posteriormente, en noviembre de 2023, el alto tribunal volvió a emitir una condena de seis años de prisión en su contra por la firma de un contrato por 740 millones de pesos sin el cumplimiento de los requisitos legales. En ese caso, se le concedió igualmente el beneficio de la prisión domiciliaria.
A lo anterior se suma una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en octubre de 2024 compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos vínculos de Acosta Bernal con grupos paramilitares, en el marco de declaraciones entregadas por Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias “Otoniel”, desde Estados Unidos.
Este nuevo fallo refuerza el historial judicial del exmandatario y pone nuevamente en el centro del debate la transparencia en la contratación pública y la responsabilidad de los servidores públicos en la administración de los recursos estatales.