Arauca – Arauca 19/10/2026. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina María Garrido Martín, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de establecer si cumplió y acreditó los requisitos de experiencia profesional exigidos por la ley para ocupar el cargo.
La actuación se originó tras una queja radicada el pasado 13 de octubre de 2026 ante el organismo de control, en la que se cuestionan algunos de los documentos laborales presentados por la funcionaria para sustentar su trayectoria profesional antes de llegar a la dirección de la entidad.
Ante estos señalamientos, la Procuraduría inició la recopilación de pruebas para verificar la información aportada. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la solicitud de documentación laboral que permita establecer las fechas de vinculación y posesión de Garrido, el salario devengado durante 2026, las funciones desempeñadas y las actualizaciones registradas en su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
¿Por qué está en discusión su nombramiento?
Lina Garrido, oriunda del departamento de Arauca, se desempeñó como representante a la Cámara entre 2022 y 2026. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, además de contar con especializaciones en Gerencia Social y en Opinión Pública y Mercadeo Político.
El debate jurídico gira alrededor de si su experiencia laboral cumple con los requisitos exigidos para dirigir la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural y administrar asuntos relacionados con las tierras de la Nación.
El Consejo de Estado también revisa el caso
La controversia no solo avanza en el ámbito disciplinario. Paralelamente, el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el nombramiento de Garrido, realizado mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026.
Aunque se solicitó la suspensión provisional del nombramiento, el alto tribunal negó esa medida cautelar, por lo que la funcionaria continúa ejerciendo sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.
Cabe recordar que la apertura de una investigación disciplinaria no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad. El proceso tiene como finalidad determinar si existieron o no irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos para el cargo.
Mientras avanzan las actuaciones de la Procuraduría y el análisis del Consejo de Estado, el caso mantiene la atención sobre la directora de la ANT y sobre la legalidad de su designación al frente de una de las entidades más importantes para la política de tierras en Colombia.