Arauca – Arauca 19/10/2026. La construcción de la Concha Acústica del municipio de Cravo Norte, Arauca, quedó en el centro de una investigación disciplinaria luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos contra un exfuncionario municipal y la representante legal de la interventoría del proyecto, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra.
Los investigados son Miguel Fernando Martínez Bernal, exsecretario de Planeación y Obras Públicas de Cravo Norte y supervisor del contrato de obra 093 de 2021, y Ana Clemencia Lozano Natera, representante legal de la Unión Temporal Intercravo 2021, responsable de la interventoría.
De acuerdo con la información suministrada por el organismo de control, el contrato tenía un valor de $2.410 millones y contemplaba un plazo inicial de ejecución de cuatro meses y medio. Sin embargo, durante su desarrollo registró tres suspensiones y cerca de 13 prórrogas, lo que habría generado retrasos significativos en su culminación.
Uno de los aspectos que más preocupa a la Procuraduría es el estado de avance del proyecto. Según la investigación, para junio de 2024 la obra permanecía suspendida y registraba una ejecución física del 58,02 %, pese a que ya había transcurrido el 97,78 % del plazo contractual establecido.
Presuntas falencias en el control del proyecto
El ente de control indicó que Miguel Fernando Martínez Bernal, en calidad de supervisor del contrato, presuntamente omitió exigir al contratista el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas y no habría adoptado las medidas necesarias para impulsar la terminación de la obra.
Por su parte, Ana Clemencia Lozano Natera es investigada por posibles deficiencias en las labores de vigilancia técnica, administrativa y financiera que debía ejercer la interventoría sobre el proyecto.
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas. En el caso del exsecretario de Planeación y Obras Públicas, la presunta conducta fue atribuida a título de culpa grave, mientras que para la representante legal de la interventoría se señaló una posible culpa gravísima.
El organismo disciplinario precisó que la formulación de cargos corresponde a una etapa procesal dentro de la investigación y no constituye una sanción definitiva ni implica una declaración de responsabilidad de los implicados.
Este caso vuelve a poner la atención sobre la supervisión de los recursos públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura en Arauca, especialmente en aquellas obras que presentan retrasos significativos frente a los cronogramas inicialmente establecidos.