El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la celebración de contratos, en hechos relacionados con la demanda de nulidad de elección del mandatario, interpuesta por el abogado Juan Sebastián Ramírez.
Según la investigación, en febrero del 2024 se firmó un primer contrato por $ 19.800.000, que no se ejecutó. Posteriormente se suscribió un segundo contrato a través de la empresa pública Ecovivienda, por $ 54.285.000. La Fiscalía sostiene que estos trámites comenzaron después de presentada la demanda de nulidad contra la elección del alcalde y culminaron con el retiro de dicha acción legal.
De acuerdo con el comunicado oficial, los elementos materiales probatorios indicarían que Krasnov habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo, para que firmara un documento que lo eximía de responsabilidad en las anomalías de dicho contrato, además de presionarlo con la divulgación de videos presuntamente de acoso sexual.
Por todo lo anterior, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos, mientras que a Sara Catalina Pedraza Canaría y a Luz Mila Acevedo Galán les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coautora, respectivamente.
Medida de aseguramiento
De igual manera, el fiscal del caso, Óscar Fernando Díaz, solicitó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad para los procesados Mikhal Krasnov y Sara Catalina Pedraza; el juez de control de garantías que dirigió las audiencias, Martín Hernández, ratificó dicha solicitud.
El funcionario judicial consideró que los testimonios y documentos presentados evidencian un acuerdo “consciente y voluntario” entre los procesados y el abogado demandante Juan Sebastián Ramírez García, con el fin de lograr el retiro de la demanda para mantener la permanencia de Krasnov en el cargo.
“Existió un acuerdo para desarrollar esa acción de manera consciente y voluntaria, aprovechando su condición de alcalde y de gestora social. Hacían este tipo de contactos para que Ramírez García retirara la demanda”, señaló el juez.
En su decisión, Hernández advirtió que estas actuaciones constituyen una afectación grave a la administración pública y a la impartición de justicia.
“Nos encontramos frente a un fenómeno que ha impactado el país, un cáncer actual: la corrupción administrativa. La modalidad utilizada fue la de vulnerar la confianza depositada en la autoridad pública, abusando de su condición y en concurso con varias personas”, puntualizó.
El juez explicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten inferir razonablemente la responsabilidad de los implicados en la celebración indebida de contratos y en presiones indebidas a un testigo. Ante ello, decretó medidas de aseguramiento no privativas de la libertad para los dos procesados, consistentes en:
- La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial o fiscal cuando sean requeridos.
- La prohibición de salir del país, medida que será notificada a Migración Colombia.
- La prohibición de comunicarse con las víctimas o testigos, particularmente con Eduardo Camargo.
El despacho concluyó que estas medidas son necesarias, idóneas y proporcionales frente a los fines constitucionales del proceso.
La defensa de Sara Catalina, el abogado David Mateo Fajardo, interpuso recurso de apelación contra la decisión, cuya sustentación continuará en la diligencia programada para este viernes 26 de septiembre a las 9:30 de la mañana.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días
