Con delegaciones de los 32 departamentos, Yopal fue escenario del Plenario Nacional de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado, un encuentro que convocó a cientos de representantes de víctimas, líderes sociales y entidades del Estado. El evento, organizado por la Unidad para las Víctimas con el apoyo de la Gobernación de Casanare, se desarrolló en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024, convirtiendo al departamento en punto de convergencia para el diálogo y la reconciliación.
Durante la jornada se llevaron a cabo mesas temáticas, foros y espacios de participación con comunidades étnicas, de género, juventud y víctimas en el exterior. Estas discusiones aportarán insumos para la formulación de la futura Ley Estatutaria de Participación, que busca fortalecer la representación de las víctimas en la planeación territorial y en la construcción de políticas públicas con enfoque diferencial.
En medio del encuentro, el secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, destacó que más de 1.100 víctimas han recibido asistencia jurídica gratuita, 362 han accedido a atención psicológica y 225 estudiantes fueron sensibilizados en prevención del reclutamiento forzado. La directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Avella Blanco, agregó que se han invertido más de 555 millones de pesos en el fortalecimiento de los comités municipales y la mesa departamental, garantizando la participación de las víctimas en 25 espacios de interlocución.
Por otra parte, se informó que con recursos del Sistema General de Regalías se dotarán tres puntos de atención a víctimas en Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo, que operarán como centros de acompañamiento integral. Además, el representante indígena Liscimaco Salón resaltó el papel del departamento en la inclusión de comunidades tradicionalmente marginadas, al señalar que el diálogo institucional hoy se refleja en resultados concretos.
El encuentro cerró con la participación de más de 70 delegados nacionales y representantes de entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y la Unidad para las Víctimas, consolidando a Casanare como un territorio donde la participación ciudadana y la reparación avanzan de manera conjunta y visible.
