El secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, manifestó que la Fuerza Aérea facilitará uno de sus aviones, para deportar 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana quienes, posiblemente, se encuentran vinculados con acciones delictivas en la ciudad.
El funcionario dijo que algunas de estas personas ya fueron individualizadas. Varias de ellas se encuentran en Migración Colombia y otras en las carceletas de la URI.
Rodríguez aseguró que esta medida tiene un carácter preventivo. Agregó que estos ciudadanos en su mayoría son señalados de microtráfico de estupefacientes. Igualmente sostuvo que todavía hace falta por detener una docena más de extranjeros, aproximadamente, para poderlos llevar hasta la frontera con Venezuela y deportarlos.
El secretario también se refirió a la situación judicial que se presenta en la ciudad y que está generando rémoras en la aplicación de justicia. Sostuvo que hace falta más personal para atender la demanda que hay en Yopal.
Precisó que debió a la congestión, en ocasiones las audiencias para pedir una orden de captura demoran entre 5 y 6 meses, lo que innegablemente afecta el respectivo proceso judicial y conlleva a la pérdida de credibilidad del sistema por parte de la comunidad.
En procura de encontrar una salida a esta situación, contó que el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, se reunión en días pasados con la ministra de justicia, Ángela María Buitrago, a quien le insistió en la necesidad de independizar la rama judicial casanareña del departamento de Boyacá.
Para Rodríguez esta autonomía permitiría robustecer la rama judicial en el departamento. Citó como un claro ejemplo, la más reciente creación de juzgados. Se abrieron 15 nuevos despachos y de estos, solo uno correspondió al departamento de Casanare, los otros 14 quedaron en territorio boyacense.
Ahora solo resta esperar que la gestión del mandatario yopaleño tenga eco en el Consejo Superior de la Judicatura y que con los buenos oficios de la ministra se logre el objetivo propuesto, que allanaría el camino para una optimización del trabajo judicial en Casanare, lo que se espera, redunde en un mejor nivel de seguridad para todos.
