Un eventual paro nacional de escoltas podría dejar en vilo la protección de miles de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en el país, en medio del pulso que se intensifica entre los trabajadores tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno Nacional por el nuevo decreto de formalización laboral.
El presidente de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional (DINSPRO), Eduard Mendoza, aseguró que las organizaciones sindicales están dispuestas a acudir a las vías de hecho si se firma el decreto que formaliza la planta de la entidad bajo concurso abierto de la función pública.
“(…) Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, afirmó.
La advertencia no es menor. Según Mendoza, cerca de 12 mil hombres que hoy trabajan bajo la figura de tercerización podrían quedar por fuera del proceso de formalización, lo que, a su juicio, generaría una «masacre laboral» sin precedentes al interior de la entidad encargada de proteger a las personas en riesgo en Colombia.
“Se estaría tratando de una posible masacre laboral contra los hombres que en este momento estamos bajo la figura de tercerización. Las organizaciones sindicales estamos preocupadas por esta situación y vamos a radicar una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que ese decreto no tuvo en cuenta derechos fundamentales, como el derecho al trabajo”, indicó.
De igual manera, Mendoza advirtió que “si, agotada esta primera instancia, el Gobierno insiste en llevar a cabo el decreto, estaríamos listos para irnos a las calles. Y quienes resultarían afectados serían miles de personas -líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos-que hoy cuentan con la protección del Estado”.
El decreto que desató la controversia
Según precisó Eduar Mendoza en La FM, el conflicto gira en torno a los decretos 019 y 020 de 2026, expedidos por el Ministerio del Interior, que buscan reorganizar y formalizar la planta de la UNP. El ingreso a la nueva estructura se realizaría mediante convocatoria abierta nacional, bajo las normas de la función pública.
Para el sindicato, el problema no es la formalización en sí, sino el cómo se está implementando. “Nosotros como organización sindical vemos con preocupación que estos decretos derogan artículos como el 300 y el 301. Allí estaban cobijados trabajadores vinculados al programa por intermedio de la especializada. Esos compañeros los están dejando por fuera, y no solo ellos, sino el resto, cerca de 12 mil trabajadores que estamos tercerizados”, explicó.
El dirigente sostiene que el decreto 020 no establece una transición clara para quienes actualmente cumplen funciones misionales dentro de los esquemas de protección.
“Hemos evidenciado que no hay una garantía para que los trabajadores del programa de la UNP que estamos bajo la figura de tercerización tengamos ese vínculo directo que nos permita ingresar a la planta”, relató.
¿Quiénes quedarían por fuera?
De acuerdo con DINSPRO, la convocatoria abierta permitiría que cualquier ciudadano del país pueda concursar abiertamente por los cargos.
“El artículo 5 abre la posibilidad para que toda persona en el territorio nacional ingrese a concursar para los diferentes cargos, entre ellos, los hombres de protección. Eso deja por fuera a quienes hemos hecho parte de la entidad”, indicó.
Además, cuestionó los requisitos académicos exigidos para algunos grados, “hay dos grados, el 15 y el 18 para oficiales de protección. Ese grado exige que el hombre de protección haya cursado una profesión académica profesional. Sería un número mínimo los que cumpliríamos ese requisito y dejaríamos afuera a muchos hombres sin poder ingresar”.
Según el sindicato, el manual de funciones no fue ajustado a la realidad laboral de los escoltas tercerizados. “El manual de funciones está cerrando la posibilidad de que entren por las competencias laborales que piden. No ha sido adecuado para que podamos participar del concurso”, precisó.
Otro punto delicado de la denuncia tiene que ver con la facultad que tendría el director de la entidad para implementar más de siete mil cargos a “dedocracia”.
“Lastimosamente la función pública le da la potestad al director de la entidad para que haga la implementación de más de 7.200 cargos a dedocracia. Actualmente hay cerca de 12 mil hombres tercerizados”, reiteró.
Aunque el sindicato no presentó pruebas de irregularidades concretas, sí manifestó preocupación por la discrecionalidad en la implementación.
¿Qué piden los escoltas tercerizados?
Por ahora, el decreto sigue avanzando y el sindicato prepara acciones jurídicas. La advertencia de vías de hecho pone sobre la mesa un escenario complejo: la posible suspensión del servicio de protección en un país donde cientos de personas dependen de los esquemas de seguridad del Estado.
“Le solicitamos al ministerio del Interior y a la UNP que reevalúen y que se sienten con las organizaciones sindicales –que no lo han hecho- sólo con algunas, pero no han realizado una formalización puntual de cómo se va a realizar esta implementación (…) Hacemos el llamado también al ministerio del Trabajo, al ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la misma Contraloría porque aquí hay recursos del mismo Estado”, concluyó Mendoza.
El pulso entre la formalización laboral y la continuidad del servicio de protección apenas comienza, y podría convertirse en uno de los conflictos institucionales más sensibles del año.
