Una compleja situación financiera enfrenta el Hospital Regional de Casanare, cuyos directivos alertaron sobre el riesgo inminente en la prestación de los servicios de salud debido a una deuda acumulada que asciende a $287.000 millones de pesos.
De ese total, el 52%, es decir, cerca de $149.000 millones, corresponde a obligaciones pendientes de la EPS Capresoca, la principal aseguradora del departamento, que atiende a aproximadamente 170.000 afiliados.
El gerente del centro asistencial, Andrés Ávila, explicó que las deudas no son recientes, sino que se han venido acumulando desde el año 2010, aunque se agravaron notablemente a partir de 2022. Actualmente, el hospital factura a Capresoca cerca de $8.000 millones mensuales, pero solo logra recaudar menos del 50% de ese monto, muy por debajo del 80% exigido por la Superintendencia de Salud.
“Hoy es lamentable que nuestra principal EPS nos adeude el 52% de la cartera global. Hay cuentas conciliadas y auditadas por $124.000 millones que deberían girarse al hospital”, expresó Ávila, quien enfatizó su preocupación no solo como gerente, sino también como profesional de la salud y ciudadano del departamento.
Cifras que reflejan una crisis insostenible
El panorama financiero fue detallado por el líder del área financiera, Javier Parra, quien advirtió sobre la gravedad del déficit:
“De cada 10 pesos que facturamos, solo nos pagan 4. Tenemos una cartera de 60 pesos por cada 10 pesos facturados entre vigencias 2020 y la fecha. Esto es insostenible”.
Uno de los puntos más críticos es la deuda con el talento humano especializado. Actualmente, el hospital adeuda los meses de febrero, marzo y abril a 109 especialistas, entre pediatras, cirujanos, ginecólogos y neurocirujanos. La deuda mensual asciende a $1.700 millones, lo que representa más de $5.100 millones acumulados.
Plan de contingencia para evitar afectación a usuarios
Ante esta situación, el hospital activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la atención. La subgerente de Prestación de Servicios, Yadira Avella, explicó que se ha reorganizado el servicio con personal de planta para cubrir turnos mientras algunos especialistas se encuentran en cese de actividades.
“Nosotros activamos un plan de contingencia para que la población no se sienta vulnerada. Tenemos personal especialista de nómina cubriendo los turnos de los compañeros que están en manifestación. Pero la situación es límite”, afirmó.
La funcionaria aclaró que el personal asistencial de base, como enfermeros, médicos generales y administrativos, se encuentra al día en sus pagos. Sin embargo, advirtió que, de no ingresar recursos en el corto plazo, otras especialidades podrían sumarse a la suspensión de actividades.
Posible cierre de servicios ambulatorios
Como parte de las medidas de emergencia, el hospital contempla el cierre de consulta externa y otros servicios ambulatorios si no se garantiza el flujo de recursos. No obstante, se mantendrán operativos los servicios de urgencias por tratarse de un hospital público.
El plan de contingencia incluye además mesas de trabajo con las principales entidades deudoras: Capresoca, Nueva EPS, Sanitas y la Secretaría de Salud, esta última con una deuda cercana a $5.000 millones por atención a población migrante.
El gerente Andrés Ávila fue contundente frente al escenario futuro:
“Si la situación no mejora, nos va a tocar empezar a cerrar servicios ambulatorios. Hacemos un llamado a Capresoca, Nueva EPS y Sanitas para que paguen”.
Por su parte, Javier Parra indicó que se están gestionando reuniones urgentes con las entidades responsables:
“Necesitamos que ingresen recursos para cubrir al menos dos meses de nómina de especialistas durante este mes”.
Impacto regional y llamado al Gobierno
El Hospital Regional de la Orinoquía no solo atiende a pacientes de Casanare, sino también de departamentos como Arauca, Vichada y Meta, lo que convierte esta crisis en un problema de alcance regional.
Pese al panorama, la administración resaltó algunos avances, como la recuperación del proceso de facturación, que durante 15 años estuvo en manos de terceros y que hoy genera utilidades cercanas a $4.300 millones anuales. También se adelantan proyectos como la reactivación del servicio de imágenes diagnósticas y la construcción de una unidad renal con recursos propios.
Sin embargo, estos logros están en riesgo si no se soluciona el flujo financiero.
Finalmente, Ávila hizo un llamado contundente al Gobierno Nacional y a los entes de control:
“El ministro dice que los giros directos están al día, pero ese dinero ¿dónde está? Necesitamos que la SuperSalud revise a Capresoca, no solo financieramente sino asistencialmente”.
Los directivos reiteraron su llamado a la calma a la comunidad, pero insistieron en la necesidad urgente de que las EPS cumplan con sus obligaciones para evitar una afectación mayor en la prestación de servicios de salud en la región.
