El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres la depuración y pago de la cartera vencida, mientras que entidades de control deberán reforzar sus investigaciones frente a sobrecostos e irregularidades.
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud presentar, en un plazo fijado, un plan integral que permita superar la crisis de desabastecimiento y sobrecostos de medicamentos en el país.
El alto tribunal señaló que la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo deberá detallar las acciones previstas en la propuesta entregada el 25 de mayo de 2025, en la que se contempla promulgar e implementar la Nueva Política Nacional Farmacéutica, incluyendo disposiciones para controlar los sobrecostos de medicamentos en Colombia.
El plan exigido por la Corte
El fallo establece que el Ministerio de Salud debe remitir en los próximos dos meses un informe con la cantidad de medicamentos desabastecidos o en riesgo de estarlo, así como un listado de los fármacos y dispositivos médicos sujetos a régimen de control de precios que puedan verse afectados.
La Corte solicitó, además, que el Ministerio indique si estos medicamentos tienen sustitutos disponibles en el mercado e identifique la necesidad de diseñar e implementar un plan nacional de mitigación para enfrentar desabastecimientos críticos relacionados con medicamentos huérfanos, oncológicos y de enfermedades de alto costo.
En el mismo documento, el tribunal precisó: “Remita un cronograma en el que exponga y detalle las actividades que considere necesarias desarrollar durante el último trimestre del 2025, para fortalecer el Sismed, con miras a que recolecte los precios, unidades comercializadas y refleje la capacidad productiva y los inventarios reales del país”.
La estrategia ordenada deberá entrar en vigor a más tardar el primero de enero de 2026, con el fin de aportar insumos a la toma de decisiones sobre el control de precios y los sobrecostos en el sistema de salud colombiano.
Cartera vencida del sistema de salud
Otro de los puntos centrales del documento se relaciona con las deudas pendientes en el sector. La Corte dispuso que el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Jaramillo, coordine con el Ministerio de Hacienda y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida.
El plazo máximo fijado por el alto tribunal para cumplir con este proceso es el primer semestre de 2026. En paralelo, se estableció que la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General, la Procuraduría General y la Fiscalía General intensifiquen sus investigaciones sobre los sobrecostos y las irregularidades en la distribución de medicamentos.
Cabe precisar que el desabastecimiento ya ha tenido un impacto directo en la atención de pacientes con enfermedades graves, raras y huérfanas, por lo que la Corte Constitucional resaltó que el plan que presente el Ministerio de Salud debe contemplar medidas regulatorias inmediatas, acciones de importación y articulación institucional para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, especialmente en el caso de poblaciones que dependen de tratamientos de alto costo.
Seguimiento del alto tribunal
Esta decisión se suma al Auto 1282 de 2025, emitido por la Corte Constitucional, en el que se concluyó que el grado de cumplimiento de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008 es bajo. Esa disposición se relaciona con el acceso a medicamentos, y el alto tribunal determinó que todavía no se han eliminado las barreras que dificultan que los pacientes reciban los tratamientos que requieren.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento, que analizó la situación actual de entrega de medicamentos y revisó las acciones adelantadas por las autoridades y entidades responsables del sistema de salud.
La Corte señaló que persisten distintos obstáculos para garantizar la dispensación de fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Entre ellos mencionó el desfinanciamiento del sistema, las deudas pendientes con gestores farmacéuticos y laboratorios, los retrasos en los trámites de registros sanitarios a cargo del Invima y la falta de información actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos.
El alto tribunal advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría agravar la situación de miles de pacientes que dependen de tratamientos permanentes. En consecuencia, los magistrados mantendrán el monitoreo sobre la implementación de la política farmacéutica, los avances en el control de precios y la depuración de la cartera vencida del sector salud.
