Ante la grave y persistente situación de violencia que afecta al departamento de Arauca, y que incluye hechos lamentables como el reciente asesinato de Juan Carlos Agudelo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauquita, y los homicidios de cuatro personas lideresas sociales en Tame en lo que va de 2025, la Defensoría del Pueblo reitera la urgencia de implementar las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas (AT) 011 de 2023 y 019 de 2023.
Las recomendaciones de la Defensoría se enfocan en establecer rutas de acciones prioritarias para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía araucana y disuadir de forma efectiva el accionar de los violentos contra la población civil. Esto incluye a lideresas y líderes sociales y mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta los escenarios de riesgo que hay en la actualidad, las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental y local deben poner en marcha medidas de prevención, atención y protección. Y es que el accionar de los grupos armados no estatales han derivado, pese a las advertencias de la Defensoría, en afectaciones a la vida, integridad, seguridad y libertad de distintos grupos poblacionales.
Las dinámicas del conflicto armado han impactado gravemente a Arauquita y Tame, así como a los otros cinco municipios del departamento: Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena, Fortul y la capital, Arauca. Esta situación dificulta el normal desarrollo de las labores de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen el liderazgo social y comunitario en cascos urbanos y zonas rurales.
El llamado de la entidad se extiende también a los grupos armados ilegales y las estructuras del crimen organizado: deben entender que su accionar indiscriminado no es el camino. Cesar toda forma de violencia se hace necesario en estos momentos, sobre todo porque esa zona del país ha soportado durante décadas los efectos directos e indirectos del conflicto armado.
Panorama nacional (enero-agosto 2025)
Entre enero y agosto de este año, en Colombia fueron asesinadas —como casos confirmados— 119 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al ejercicio del liderazgo social. De esta cifra, 102 eran hombres y 17, mujeres. Marzo fue el mes con el mayor número de casos registrados (20), seguido por julio (19), febrero (18), enero (17), abril (14), mayo (13), agosto (11) y junio (7).
En el mismo periodo, se suma el asesinato de 30 firmantes del Acuerdo de Paz. Los departamentos con el mayor número de casos son Norte de Santander (6), Antioquia (5), Cauca (4), Huila y Valle del Cauca (3 casos cada uno). La Defensoría subraya que estos hechos atentan contra quienes se comprometieron con el proceso de reincorporación, el camino de la legalidad y la construcción de la paz.
Respetar y no infringir el derecho internacional humanitario (DIH) es un deber ineludible de todas las partes en el conflicto. La aplicación estricta de sus preceptos por parte de los grupos armados es la garantía fundamental para la protección de la población civil en su conjunto y, de forma particular, de quienes no participan en las hostilidades, como lo son las personas defensoras de derechos humanos.
