Iris Marín, defensora del Pueblo, le pidió al gobierno nacional tomar medidas urgentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades del departamento de Arauca, ante lo que se ha señalado como alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional e implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”, solicitó la defensora Marín Ortiz.
La funcionaria también aseguró que la Defensoría del Pueblo ha evidenciado constantes vulneraciones como consecuencia del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.
“La disputa territorial que se vive en el departamento entre el ELN y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’) vulnera los derechos de las comunidades. Además, ha sido evidenciado un aumento desmesurado de sus acciones desde junio pasado”, aseguró la defensora del Pueblo.
Ante esta situación, Iris Marín Ortiz recordó que en los municipios de Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal.
“Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres. Los más recientes casos fueron los de dos mujeres jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en el sitio conocido como El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, quien había sido presidente de Asojuntas de Tame y hacía parte de la Red de Defensores-as de Derechos Humanos de Arauca”, informó la defensora del Pueblo.
Agrego la funcionaria que “las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y niñas, niños y adolescentes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates, entonces, no solamente sus vidas han corrido peligro, también sus derechos a educar y a la educación han sido vulnerados”.
Según la Defensoría, en los tres municipios obligan a las víctimas, entre las que hay líderes comunales, a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados vía créditos. En los territorios, las cosechas se están perdiendo y los campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
A esta situación se suma el desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos que se hacen frecuentes en el departamento de Arauca.
En esta zona del país la Defensoría del Pueblo ha conocido de al menos 132 familias (412 personas) desplazadas en lo que va del 2024.
También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2044 familias (unas 6141 personas).
A lo anterior se suma el desplazamiento masivo de por lo menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca, del municipio de Tame, hasta el municipio de Sácama, en Casanare, luego de cruentos combates entre los grupos insurgentes, que habrían dejado como saldo la muerte de un número alto de combatientes y la toma de rehenes.
Ante estos hechos violentos, que ponen en riesgo la vida de la población civil, la Defensora del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados con influencia en el Arauca a cesar las acciones violentas en contra de los civiles.
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”, pidió la funcionaria.
Así mismo, considera crucial que las autoridades reconozcan las duras violaciones a los derechos humanos y las infracciones reiteradas al DIH en el departamento de Arauca, “con el propósito esencial de que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención a la población”.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las recomendaciones hechas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23 y sus respectivos informes de seguimiento, en los que les solicita a las autoridades más presencia institucional y acciones concretas que contribuyan a mitigar el conflicto armado en el departamento.
