Las recientes declaraciones del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional generaron una nueva ola de reacciones en el país tras responder a las críticas surgidas por el denominado “juicio revolucionario” adelantado contra cuatro funcionarios públicos secuestrados en el departamento de Arauca.
A través de un comunicado, el grupo armado defendió la retención de los servidores públicos y cuestionó las reacciones provenientes de dirigentes políticos, organizaciones sociales, familiares de las víctimas y sectores de la comunidad internacional.
“No entendemos por qué tanta alharaca”, expresó el ELN al argumentar que, bajo su interpretación del Derecho Internacional Humanitario, las partes enfrentadas dentro del conflicto armado tendrían “los mismos deberes y derechos” respecto al tratamiento de personas capturadas.
Las afirmaciones fueron rechazadas por distintos sectores que consideran que el grupo insurgente intenta justificar prácticas calificadas por el Estado colombiano y organismos defensores de derechos humanos como secuestros prolongados y violaciones graves a los derechos fundamentales.
Entre las víctimas se encuentran los agentes del CTI Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quienes completaron un año en cautiverio este 8 de mayo. También permanecen retenidos los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados desde julio de 2025.
El ELN continúa denominando estas retenciones como “prisión revolucionaria”, mientras que organismos humanitarios y autoridades nacionales insisten en que se trata de secuestros sin garantías judiciales ni debido proceso.
La controversia aumentó luego de conocerse que, según documentos internos mencionados por la misma organización armada, los funcionarios retenidos podrían permanecer cerca de cinco años en cautiverio.
En Arauca, una de las regiones más afectadas por la confrontación armada, líderes sociales y ciudadanos expresaron indignación frente a lo que consideran un intento de legitimar el secuestro bajo figuras de “justicia revolucionaria”.
La situación también vuelve a generar presión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, ante la expectativa de lograr un eventual acuerdo humanitario que permita la liberación de los cuatro funcionarios que permanecen en poder del ELN.
