El nuevo régimen de regalías que tuvo dos pasos, una reforma Constitucional y una ley de la República, además de reajustar las participaciones para las entidades territoriales, que tienen los derechos fundamentales sobre ellas desde 1.991 a recibir esos recursos que percibe el Estado por la explotación del subsuelo, fijó varias reglas para agilizar el proceso de formulación de los proyectos, su evaluación integral y su aprobación. El paso más trascendental fue el de eliminar la figura de los Ocad departamentales y municipales para el trámite de los recursos que se reciben de asignaciones directas.
Se mencionaba que la injerencia del gobierno central, a través de sus entidades de Planeación Nacional y de los ministerios correspondientes, por la materia funcional y sectorial, estaría dificultando su pronta ejecución y eso explicaría que hubieran quedado recursos billonarios sin ejecución. Hay elementos para pensarlo así porque al mismo Departamento Nacional de Planeación se le había convertido la asistencia a esos Ocad en una carga de viaje, trabajo adicional y repetitivo, que podría estar desenfocándola de su papel clave de direccionamiento estratégico y visión de futuro del Estado.
Por otro lado, las entidades a las que se les habían recortado regalías, pero sufrían el impacto de las explotaciones en virtud de la reforma del gobierno Santos que las amplió a otros departamentos y municipios no productores -lo que terminó denominándose peyorativamente esparcir la mermelada- además de acusar el golpe de los menores recursos, no entendían que se les hubiera generado un dispendioso trámite de los recursos que constitucionalmente les correspondían.
Pero podríamos decir que a pesar de observaciones que hicieron en su momento los organismos de control, la inmensa mayoría de los proyectos tramitados por los Ocad municipales, departamentales y regionales, se hicieron, bajo el régimen que ahora ha cambiado; como proyectos debidamente formulados, evaluados y aprobados.
Desde nuestras páginas hicimos seguimiento a esas denuncias y podemos reiterar esta afirmación. Excepciones hubo como la famosa plaza de Becerril, por su impertinencia e inconveniencia, que ha sido objeto de nuestros editoriales. Esto, para decir que gobernadores y alcaldes, de entes productores, tienen ahora una gran responsabilidad técnica y ética en el trámite de los proyectos y por supuesto en su contratación.
Editorial www.el pilón.com
