Bogotá, 1 de junio de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud abrió a comentarios un proyecto de Circular con el que busca reforzar el seguimiento a la entrega de medicamentos y tecnologías en salud en 1.000 establecimientos farmacéuticos del país identificados con mayores riesgos en la dispensación.
La iniciativa busca reducir los pendientes en la entrega de medicamentos y mejorar la atención a los usuarios en los puntos donde se concentra el mayor número de reclamaciones asociadas a este servicio.
El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, indicó que la circular exige que las EPS tengan «un representante con capacidad de decisión» en los dispensarios críticos seleccionados y que informen a los pacientes sobre la entrega de medicamentos no disponibles, especificando dónde y cuándo se realizará la entrega.
La selección de los establecimientos se realizó con base en los reportes que los gestores farmacéuticos remiten periódicamente a la Supersalud sobre fórmulas pendientes de entrega. La mayor concentración se encuentra en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y San Gil.
Entre las medidas propuestas, el proyecto contempla la habilitación de canales de atención presencial de las Entidades Responsables de Pago (ERP) en las farmacias priorizadas, con el fin de agilizar autorizaciones, resolver solicitudes y facilitar los trámites relacionados con la entrega de medicamentos y tratamientos. Además, los usuarios podrán presentar allí sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), lo que permitirá una atención más directa y oportuna a sus requerimientos.
La propuesta también incluye mecanismos de seguimiento permanente a los medicamentos pendientes y el intercambio diario de información entre las Entidades Responsables de Pago y los gestores farmacéuticos, con el fin de identificar las causas de las no entregas y acelerar su solución.
La Circular tendría una vigencia inicial de seis meses, periodo durante el cual la Supersalud haría seguimiento al comportamiento de los pendientes en dispensación y a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) reportadas por los usuarios. Su continuidad dependerá de los resultados y análisis que adelante la entidad.
El proyecto advierte que el incumplimiento de las disposiciones que finalmente sean adoptadas podría dar lugar a la aplicación de medidas de control administrativo y a la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
