Procuraduría lo sancionó, en primera instancia, por contrato firmado para fiestas culturales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con una suspensión por 6 meses a Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca, por irregularidades en un contrato de 570 millones de pesos para la realización de eventos artísticos y culturales en el municipio de Cravo Norte, esto en plena emergencia sanitaria en el país debido a la covid-19.
El fallo disciplinario, dado a conocer este martes por la Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, será apelado por la defensa del gobernador.
El órgano de control estableció que el mandatario vulneró los principios de transparencia en la selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir, con la Corporación Cultural Cabalgando, el Contrato 201 del 14 de abril de 2020, “no obstante que en el pliego de condiciones se estipularon requisitos restrictivos y discriminatorios a la libre concurrencia de oferentes”.
Para la Procuraduría, las condiciones habilitantes no fueron objetivas, justas y claras, además se estableció que los valores de los contratos resultaron desproporcionados frente al presupuesto oficial.
Además de la sanción a Castillo Cisneros, la Procuraduría compulsará copias en contra de varios funcionarios del ente departamental que habrían participado en el proceso contractual.
El próximo 27 de julio continuará la audiencia para que el abogado del mandatario sustente su apelación al fallo, que deberá resolver, en segunda instancia, la sala disciplinaria del Ministerio Público.
En medio del proceso, la Procuraduría criticó al gobernador por haber suscrito un contrato para unas fiestas culturales sin tener en cuenta la emergencia sanitaria en el país, no obstante, se encontró que aunque la suscripción del contrato fue inconveniente, por la cuarentena por coronavirus, este negocio jurídico no se ejecutó y, por lo tanto, no se realizaron las fiestas en el municipio de Cravo Norte.
También se firmaron las actas de terminación por mutuo acuerdo y de cancelación para libertar los recursos que se habían registrado para el contrato, por lo que el ente de control declaró no probado este cargo formulado.
Además de este caso por el contrato para fiestas culturales, la Procuraduría adelanta otro proceso disciplinario contra el gobernador de Arauca, a quien le profirió pliego de cargos por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por valor de $4.463´370.180 pesos.
En este caso el mandatario deberá responder por qué en el proceso no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas, ni realizado el análisis del costo de transporte y logística, lo que habría generado un mayor valor del contrato y un detrimento en el patrimonio público.
La reacción del Gobernador
Por su parte el gobernador Castillo Cisneros dijo que “está ampliamente demostrado que tal celebración fue suspendida por nosotros (la gobernación) acatando las medidas del Gobierno Nacional, y dicho contrato ni se ejecutó ni le causó ninguna erogación al Departamento”.
Sin embargo, señaló que respetará y acatará lo decidido y seguirá trabajando para los araucanos en época de pandemia: “ante la determinación adoptada en primera instancia por este organismo de control, expreso mi acatamiento y respeto a las decisiones de la justicia colombiana. Sin embargo, debo aclarar que seguiré trabajando por el bienestar de los araucanos sin bajar la guardia contra el covid-19, que es lo más importante para todos”.
Señaló que ordenó a sus abogados apelar la decisión debido a que, a su parecer, las decisiones tomadas en el cargo siempre han sido transparentes.
Y concluyó: “es mi intención aclarar ante las autoridades competentes los señalamientos hechos en mi contra y salir avante de esta circunstancia con la verdad. No cesaré en el empeño de que brille la verdad y que los araucanos tengan una nueva oportunidad para confiar en su dirigencia“.
Fuente: El Tiempo.com
