Ese dolor de cabeza que tienen alcaldes y gobernadores en todo el país por la entrada de vigencia de la Ley de Garantías durante la temporada electoral, lo que les prohíbe contratar personal u obras civiles antes de las elecciones, quedará en el pasado.
En la reforma del Código Electoral que está a punto de empezar a hacer tránsito en el Congreso tiene buen ambiente esta propuesta, pues le permitiría a los mandatarios regionales no interrumpir los procesos de contratación pública.
Pese al mensaje de urgencia que desde agosto le puso el Gobierno Nacional, aún está a la espera de que inicia en comisiones primeras de Senado y Cámara la discusión.
La Presidencia de la República considera que en las actuales circunstancias económicas, interrumpir la contratación pública afectaría la reactivación cuando inicie el proceso electoral.
“Cumpliendo con el plan de reactivación económica, el Presidente de la República tomó la iniciativa y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado de la República, se está determinando la eliminación de la Ley de Garantías”, confirmó el pasado viernes el Registrador Nacional, Alexander Vega.
El funcionario informó a los gobernadores del todo el país, durante la cumbre de mandatarios, que el proyecto ya se socializó entre todos los partidos políticos, al tiempo que auguró un trámite para ser aprobado antes del 16 de diciembre ya que tendría solo cuatro debates en el Congreso.
La Ley de Garantías no ofreció finalmente garantías de transparencia, porque si bien la contratación se interrumpía en la época previa a las elecciones, los favores politiqueros se mantuvieron y en las regiones las administraciones siguen beneficiando a los candidatos de su predilección.
