La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió no aceptar por ahora el sometimiento ante ese tribunal de los exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba: Carmelo de Jesús Esquivia, Jaime Augusto García y Luis Gonzalo Gallo, procesados por sus presuntas alianzas con la “Casa Castaño” para adquirir tierras producto del desplazamiento forzado en la región de Tulapas en Urabá.
De acuerdo con el análisis del despacho, los tres postulados coincidieron en señalar que no conocían de la “penetración” del paramilitarismo en el Fondo Ganadero, especialmente durante la gerencia de Benito Molina Velarde. Por ejemplo, Esquivia Guzmán aseguró que no sabía que esas tierras compradas a testaferros de los Castaño habían sido compradas bajo amenazas a campesinos.
En el mismo sentido se pronunció Jaime Augusto García, quien indicó que en la junta directiva del fondo no sabían que esas tierras eran producto de despojo a sangre y fuego.
Por otra parte, durante sus aportes tempranos a la verdad, el empresario y antiguo socio mayoritario del fondo, Luz Gonzalo Gallo, se dedicó a proponer una “versión alternativa” de las acusaciones de la Fiscalía en su contra por el conocimiento del origen de esos predios adquiridos, incluso manifestó que supo de los acuerdos del gerente Benito Molina con la Casa Castaño después de que se destapó el escándalo.
Además, señaló que cuando Molina propuso aliarse con grupos armados ilegales, fue de los primeros que no estuvo de acuerdo.
Debido a lo anterior, el despacho les ordenó ajustar en un plazo de 20 días su plan de contribución a la verdad, al considerar que lo dicho por los postulados no alcanza los estándares ya alcanzados en la justicia ordinaria y sus propuestas de reparación no son satisfactorias.
